El barrio de ATE, 120 viviendas en RG que nadie las paga y ahora algunos hacen estafas

Esta operatoria desde un principio estuvo envuelta en manejos pocos claros. El Municipio riograndense, cuando Gustavo Melella era intendente, entregó esas tierras al gremio de ATE. Luego, cuando Melella llegó a la Gobernación se amplió el acuerdo y a través del IPV se pagó la construcción de los 120 dúplex.
La obra culminó y se entregaron en octubre del 2021 y el secretario gral. de ATE, Felipe Concha nunca publicó el listado de beneficiarios de esas viviendas, varias de ellas ocupadas por familiares y amigos.
El fideicomiso culminó y recién ahora el IPV afirma que estas personas deberán comenzar a pagarlas, después de tres años y medio.

“El sábado pasado estuvimos haciendo un relevamiento en las 120 viviendas de ATE porque ya se dio finalización al fideicomiso que en su momento había entre ATE, el municipio, el BTF y el IPV. Hoy por hoy, el banco ya nos ha hecho entrega de toda la documentación, con lo cual el relevamiento responde a ver quiénes de los iniciales ocupantes están ocupando aún para poder empezar a hacer las actualizaciones de precios y los nuevos contratos”, dijo Laura Montes, titular del IPV, en diálogo con AIRE LIBRE FM.

¿Con qué se encontraron? Porque imagina uno que ya conocían ustedes previamente la información de que algunos estaban en esta transacción o en este intento de vender las viviendas. ¿Qué novedades se han encontrado allí?

“En realidad nosotros, al igual que ustedes, el mismo sábado a mí me mandaron la captura de pantalla de que había una venta de uno de los dúplex. No teníamos conocimiento previo pero sí teníamos conocimiento de que no estaban ocupando todos los que inicialmente se les hizo el contrato, no estaban todos ocupando y efectivamente así sucedió.
Nosotros cuando hicimos el relevamiento fue un sábado, fue sin previo aviso, por lo cual suponemos que eventualmente había gente que podía no estar en sus viviendas pero en realidad dimos con 50 personas (de 120 viviendas), nada más el resto no atendió”.

No están o en realidad no están ocupando directamente y en tal caso, ¿existe la posibilidad de que alguno esté alquilando también la vivienda?

“De las personas que se relevaron, cuatro dijeron que no eran los ocupantes que estaban ocupando la vivienda, no nos dijeron que era en condición de alquiler ni nada, como que estaban cuidando la vivienda. El resto no nos ha atendido así que desconocemos cuál es la situación.
Menos de la mitad no nos atendió”.

Y en el caso de esta mujer que está vendiendo, está promocionando la venta de este duplex.

“Es una estafa. Esta señora estaría queriendo estafar a alguien, al que es un posible comprador porque la vivienda obviamente no es de su pertenencia”.

¿Y cuánta plata ha puesto esta persona? Porque la está comercializando, la está vendiendo para sacar algo a cambio.

“Nadie nunca ha pagado ninguna cuota, así que por eso es la regularización que estamos llevando adelante.
Nadie ha pagado ninguna cuota, que es lo que pretendemos regularizar cuanto antes”.

¿Qué va a pasar ahora, entonces, tanto con esta persona como con muchas que no estuvieron allí presentes?

“Bueno, nosotros estamos sacando por nuestras redes también, contestando, tratando de contestar todos estos avisos. Lo que pasa es que no ponen más que un nombre y hay mensajes por privado, o sea que no se puede visualizar como para que el IPV salga a decir que esto es inviable. Nosotros ya la identificamos, pero no nos ha respondido. No atiende.
En realidad las 120 de ATE no se pueden comercializar. Estamos regularizando la situación. Entonces, a cualquiera que tenga intenciones de comprar una de estas viviendas que se obtenga realmente porque es una estafa.
Todas las viviendas del IPB tienen este perfil social”.

“Cuando hacemos convenios u operatorios especiales, tanto en Río Grande, en Ushuaia, en Tolhuin, y cuando está en este caso ATE es el que propone a los adjudicatarios y el IPV hace el filtro sobre todas nuestras reglamentarias. O sea, que no tenga otra vivienda, que tenga los cuatro años de residencia, bueno, etc. Nosotros ponemos esas condicionantes para que el IPV pueda adjudicar.
Esto fue una operatoria especial dentro de un fideicomiso. Ahora, que sí pasa a órbita del IPV porque el IPV ha pagado la obra, que ya no está más ni el banco ni el municipio sigue estando porque la tierra era del municipio, es del municipio, hay que pagarla la tierra aún. Entonces es cuando nosotros vamos a regularizar todo”.

¿Cuándo se va a imponer la cuota que deben pagar?

“Efectivamente, nosotros iniciamos ahora con el relevamiento, tenemos la actualización del bien y la firma de los nuevos contratos que ya son con el IPV. Todos los que en su momento accedieron a la vivienda fue a través de un contrato de compra-venta, pero al desaparecer el fideicomiso es lo que estamos regularizando ahora”.

¿Entonces en qué calidad están?

“Hoy están como ocupantes a ser regularizados. Tienen un documento, tienen un contrato de compra-venta. Es el que se cayó del fideicomiso, y ahora hay que regularizarlo, hay que actualizarlo.
Hoy por hoy tenemos 12, 15 juicios de desalojo. Siempre hay mediaciones, siempre hay la posibilidad de que las personas entreguen el bien por propia voluntad porque existe esto de comprar, que la gente compra irregularmente. Por ahí con desconocimiento, nosotros vemos particularmente cada caso porque por ahí el que compró también está en la demanda del IPV y eventualmente se lo puede regularizar, pero por ahí son terceros que ni siquiera están inscriptos o han comprado esto no como vivienda única, entonces siempre se ve en particular cada caso.
Pero sí, nosotros en un mínimo porcentaje, pero tenemos juicios de desalojo y muchas mediaciones y convenios de desocupación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Un juicio de desalojo dura más de un año. Mientras tanto el bien está ocupado y nosotros necesitamos tener recupero de eso. Entonces se hacen convenios con las personas irregulares para que tengan un tiempo para desalojar”.

¿Cómo suelen terminar estos juicios de desalojo? ¿Con efectivamente el desalojo o es muy difícil todavía?

“Como le decía, hay antecedentes de desalojos. En realidad el área legal va a mediaciones y en la mayoría de los casos la gente que compró mal la vivienda la retorna al IPV, la devuelve. Y perdió la plata porque nosotros tenemos mucha jurisprudencia de que el desalojo es a favor del IPV porque por esto que estamos hablando es una vivienda social y tiene que ser devuelta para la demanda, para la gente que está esperando”.

Usted dijo que en este relevamiento que habían hecho el sábado los habían atendido 50 personas, de 120 dúplex.
¿Qué va a pasar con esos restantes departamentos donde nadie atendió?

“Vamos a seguir con el relevamiento. Obviamente el relevamiento se hace sin avisar. No está avisando ni qué día ni cuál horario.
Puede ser un día de la semana, fuera de horario laboral, puede ser un fin de semana para poder efectivamente ver quién realmente ocupa”.

¿Y qué va a suceder, por ejemplo, con aquellas personas que dicen no, yo estoy cuidando? Es otro tema. Porque si uno tiene una vivienda social, ¿no? Yo no sé cómo que te van a cuidar la vivienda. ¿Y dónde estás viviendo?

“No, realmente el que está adjudicado o el que tiene el contrato tiene que estar viviendo, porque es vivienda única. Es una operatoria especial, por eso tiene que intervenir el gremio también. Ellos también saben perfectamente, por denuncias de los propios vecinos, de los propios afiliados al gremio, quién vive y quién no.
Todo eso se va a cruzar el relevamiento y nosotros vamos a regularizar al que realmente está viviendo. Y el que no esté viviendo, el que está en la demanda, el que obviamente tiene que ser afiliado de ATE porque es una operatoria de ATE, pasará, el que sigue”.

¿Usted cree que el gremio va a solucionar el tema?

“Yo creo que tiene la responsabilidad de solucionarlo, sí, porque ellos son los que han propuesto el listado y como pasó también en Ushuaia, son los que van a seguir proponiendo. Como le decía, el IPB va a filtrar que las personas que ellos propongan tengan las condicionantes que requiere el IPV, no que no tengan otra vivienda”.

Se lo digo porque siempre se denunció que entre las personas que estaban viviendo allí había muchos familiares de Felipe Concha, el titular de ATE. Hay varias denuncias públicas.
La gente de ATE se manejó como quisieron, es decir, el gobierno le entregó todo el paquete para que ellos lo manejen y desde afuera uno veía claramente que esto iba a ser como una gran estafa. Gente acomodada, personas que se inscribieron que no eran familiares de Felipe Concha y quedaron afuera. Amigos de Felipe Concha, familiares de Felipe Concha de ATE recibieron la vivienda, o el dúplex. Bueno, eso lo sabemos todos, inclusive yo creo que hasta ustedes.

“Déjeme explicarle cómo es esta situación. Nosotros no somos dueños de la tierra. No, la municipalidad es el dueño, entonces por eso en su momento se armó el fideicomiso. En el fideicomiso cada uno tiene su responsabilidad. La responsabilidad del IPV era construir las viviendas. Por todo esto que usted dice, y por alguna razón más, habrá, fracasó porque no ha pagado, nosotros intentamos regularizar y lo vamos a hacer esta situación. Esto no significa que el gremio no siga siendo el protagonista, porque la tierra, la municipalidad, se la dio al gremio de ATE. El gremio de ATE va a seguir proponiendo quiénes van a ser los adjudicatarios. El IPV va a seguir filtrando esa información. Eso no se va a modificar. Obviamente está en la gente del ATE, en sus autoridades, cuál va a ser la nueva propuesta, con todo el agua que ha pasado bajo el puente”.

¿Cuándo se entregaron estos dúplex?

“En octubre de 2021”.

Imagínese, desde el 2021, la cantidad de personas que ha vivido allí, seguramente sin que les correspondiera una casa ahora estamos en 2025. Hasta que se haga todo el trámite, qué sé yo, cómo funciona la burocracia. La cantidad de tiempo que ha pasado sin pagar absolutamente nada, que han vivido gratis con una casa que les dio el terreno del municipio, después los fondos públicos para construir el duplex. Es una vergüenza. La operatoria es una vergüenza por parte de la Municipalidad de Río Grande (cuando Gustavo Melella era intendente), que puso los terrenos y luego actuó el Gobierno (con el mismo Melella, como gobernador). Es una vergüenza cómo se manejó esta entrega, de dárselo al gremio por una cuestión política, por un arreglo político para que Felipe Concha no le hicieran paro.
Sin controles del Estado, sin pagar absolutamente nada, porque no pagan la cuota, no pagan los impuestos, no sé si pagarán los servicios. No pagan absolutamente nada y han vivido un montón de gente totalmente gratis hace cuatro años.
Es realmente una vergüenza.

“El precio de venta del inmueble fijado en ese momento era de 7.700.000 aproximadamente y hoy es 10 veces mayor. Entonces la gente que va a empezar a pagar, va a empezar a pagar actualizado. Yo no sé hasta qué punto es beneficioso para ellos”.

Pero hace del octubre del 2021 que no pagan nada.

“Pero si hubieran empezado a pagar, el valor hubiera sido otro”.

Ahora el IPV también es responsable con el tema del control que tiene que hacer

“Como yo le digo, el control nuestro va a pasar porque la persona que esté indicada no tenga otra vivienda en ninguna parte del país y que hace cuatro años que esté viviendo en Tierra del Fuego”.

¿Y esa persona tenía que estar inscripta en el IPV?

“Claro. No es una operatoria de la demanda del IPV, para que le quede claro. No es que yo voy a tomar demanda del IPB. El gremio es el que pone a la adjudicatario. Porque es una operatoria de ATE. Eso yo no lo puedo modificar porque la tierra es de la municipalidad y se la entregó al gremio de ATE. El gremio de ATE es el que pone a los adjudicatarios. Y el IPV es el que verifica que ese adjudicatario no tenga otra solución habitacional”.

¿El BTF fue el que puso el dinero para la construcción de las viviendas?

“No, fue el IPV”.

¿Usted estaba como titular en ese momento del IPV?

“Cuando se entregaron las viviendas, no. Cuando se hizo el fideicomiso, que se pidió el dinero en la época de Macri, yo era la vicepresidenta.
La primera vez que se hizo un fideicomiso en esa época, Macri como ahora, pretendía hacer públicos privados o este tipo de fideicomisos para que se pudiera recuperar el dinero y devolverlo en su momento a Nación. En ese momento Nación tampoco puso una parte del dinero, la otra parte la puso el IPV para terminar las viviendas”.

¿Por qué desde el primer momento, usted que estaba como vicepresidente del IPV no planteó que el IPV controlara quién iba a ser el adjudicatario de esos dúplex?

“Porque no le correspondía al IPV. Porque era una operatoria especial con el gremio de ATE. Como hubo acuerdos con la UOM, con camioneros en su momento. O sea, el gremio es el que pone a las personas. Lo mismo pasó con la 128 de ATE de Ushuaia”.

Así terminó, con Carlos Córdoba ha procesado de ATE.

Lo que nosotros estamos haciendo desde el año pasado a esta parte es todo lo burocrático para poder regularizar la situación. Como usted dice, a ver, ¿cuál fue la responsabilidad del IPV dentro del fideicomiso? Llamar a la licitación, hacer y controlar la obra y entregarla. Ahora, esa entrega estaba direccionada a gente de ATE porque estaba en el fideicomiso.

¿En caso de que exista otra operatoria similar, cree que se tendría que manejar como esta o tendría que haber algún otro cambio?

“Mire, nosotros con las operatorias, cuando eventualmente aparezca un público privado, cuando el IPV no tiene la tierra, no es dueño de la tierra, se respeta lo que dice la operatoria. ¿Se entiende? Ha pasado acá antiguamente con otras operatorias. O sea, una cosa es que el IPV construya en su propia tierra y le dé las viviendas a los adjudicatarios que están en la demanda.
Otra cosa es cuando interviene cualquier gremio o cualquier asociación y diga yo tengo esta tierra y quiero que el IPV construya la vivienda. Y se arman otro tipo de convenios, como pasó también en Ushuaia con las 128 viviendas que la tierra era del municipio de Ushuaia. Entonces ya el IPV no tiene la absoluta potestad de controlar todo, solamente la construcción, porque la tierra no es del IPV. Tanto es así que hoy, cuando se cobren estas viviendas, hay un porcentaje que hay que transferirla al municipio con el concepto de pago de la tierra. Entonces cuando el IPV es dueño de la tierra y construye, todo pasa por el IPV.
Hoy por hoy, ATE es el que pone la tierra a través de un convenio. Entonces, obviamente, el control es en conjunto y nosotros pretendemos empezar a recuperar el dinero invertido en estas viviendas”.

fuente: Aire Libre