Paro docente: el Gobierno va a controlar las escuelas, pero ya se prepara para un conflicto con los sindicatos

Las autoridades nacionales recordaron que está vigente la reforma laboral que estableció a la enseñanza como servicio esencial, aunque anticipan un desacato por parte de los gremios

En el inicio de las actividades luego del receso de invierno, el Gobierno enfrenta este lunes el primer conflicto docente desde que está en vigencia la reforma laboral que, entre otras cuestiones, estableció a la enseñanza básica como un servicio esencial.

En gran parte de las escuelas del país se espera que las aulas permanezcan cerradas durante toda la jornada debido al paro anunciado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Durante el fin de semana, las autoridades del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, cuestionaron la medida de fuerza y advirtieron que, si efectivamente se lleva adelante de la forma en la que está prevista, se estaría violando la norma aprobada por el Congreso a principios de este año.Es que, en el artículo 24 de la ley 27.802, se especificó que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación” de determinados servicios que el Poder Ejecutivo consideró imprescindibles, deben garantizar una cobertura mínima del 75 por ciento.

Entre los sectores que fueron calificados de “esenciales“ o “de importancia trascendental” está “el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.

Este apartado en particular fue judicializado por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, pero el Estado apeló el fallo del juzgado laboral N° 74, que en una primera instancia suspendió la declaración de esencialidad para la educación.De esta manera, la gestión libertaria consiguió que la reforma continúe plenamente vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Por esta razón, en la Casa Rosada ya prepararon un plan para supervisar durante todo el lunes la actividad en los colegios estatales y detectar los lugares en los que no se cumpla este requisito legal.

”Se arrancará un proceso sancionador, si es que no cumplen con lo establecido. No sería la primera vez que se sancione a un gremio por violar una conciliación obligatoria“, remarcó un funcionario.

Al respecto, en Balcarce 50 detallan que “es un trámite extenso“ el que comenzaría bajo ese escenario, pero precisan que “la primera medida es una multa“.

“Ojalá no ocurra, porque lo que se quiere lograr, en última instancia, es que haya clases, pero si no cumplen con el 75% de capacidad, se dictará la sanción y se comunicará oportunamente”, advierte el Gobierno.

En este marco, el domingo Pettovello convocó de urgencia al Consejo Federal de Educación, que agrupa a los ministros del sector de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, para abordar en conjunto la problemática.

Durante ese encuentro virtual, el secretario nacional, Carlos Torrendell, les ratificó a sus pares que se va a exigir el acatamiento de lo dispuesto en la reforma laboral.

“Se coordinaron las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional durante la jornada de paro nacional del lunes 3 de agosto”, comentó Pettovello en su cuenta de X, luego del zoom.

En las oficinas del Ministerio señalaban en la previa del conflicto que esta era “la primera vez que algo así sucede en este contexto, con la nueva ley” y se mantenían atentos a las reacciones de CTERA.

El sindicato confirmó días atrás un paro de 24 horas en todas las escuelas de la Argentina, como respuesta al rechazo del Ejecutivo de convocar a la Paritaria Nacional Docente.

El gremio asegura que el sueldo mínimo de un profesional de esta rama se encuentra estancado en 500 mil pesos, por lo que reclama un aumento sustancial y el regreso del FONID, el fondo del que el Estado disponía para pagarles todos los meses un incentivo a los maestros y profesores, que fue eliminado en el 2024.

Por su parte, el Gobierno remarca que “la definición de los salarios corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, verdaderos empleadores de los docentes“, y no a la administración nacional.

En Capital Humano recuerdan que esto es así desde 1992, por lo que no interviene directamente en los acuerdos relativos a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo y otros aspectos de la carrera.

Asimismo, la cartera señaló que la propia CTERA judicializó la norma y obtuvo una medida cautelar que suspendió un decreto que dejaba en manos del Consejo Federal la definición de todas estas cuestiones, causando ”un conflicto innecesario que dificulta la continuidad del diálogo institucional».

“Son las provincias, junto con las entidades gremiales, quienes establecen las condiciones salariales por medio de la negociación: el Estado nacional no integra una supuesta paritaria nacional docente, por la sencilla razón de que no es el empleador de los docentes”, argumentó.En este sentido, el Ministerio acusó al sindicato de “amenazar ahora con un paro ilegítimo que compromete el derecho a la educación de los estudiantes argentinos” por no haber encontrado “eco en el ámbito judicial“.

En este sentido, el Ministerio acusó al sindicato de “amenazar ahora con un paro ilegítimo que compromete el derecho a la educación de los estudiantes argentinos” por no haber encontrado “eco en el ámbito judicial“.

Para ejemplificar lo que podría suceder este lunes si se avanza con la medida de fuerza, en Capital Humano recuerdan el caso reciente de La Fraternidad, a la que se multó por más de $21.000 millones por sumarse al paro de la CGT desacatando así la conciliación obligatoria que se los impedía.

Si bien es un proceso muy largo y complejo, las autoridades nacionales advierten que, por no cumplir con lo que dicta la ley, los gremios también pueden llegar a perder la personería, algo que, no obstante, es más difícil que ocurra.