Crisis habitacional en TDF grave, urgente y sin respuesta del Gobierno, ni la Legislatura

Luego del reclamo durante la visita del presidente Alberto Fernandez contra la gestion Melella por la falta de respuesta y medida a la crisis habitacional en Tierra del Fuego, el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, indicó que “en Ushuaia y Río Grande, como en toda la Patagonia y el país, la situación habitacional es grave y urgente”. 

Focalizó la problemática en la falta de regulación y la tensión entre alquileres temporarios y permanentes. Encontrar dónde vivir en Tierra del Fuego se ha vuelto cada vez más complicado y caro. Se trata de una realidad que no escapa a lo que sucede en el resto del país como así tampoco en el mundo. 

Sobre esta cuestión, Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados indicó en diálogo con FM Master’s que “en Tierra del Fuego y en toda la Patagonia, la situación habitacional es grave y urgente. Quizás no haya la medición que existe en la ciudad de Buenos Aires respecto de un mapa con la cantidad de alquileres temporarios o a corto plazo, pero en casi todo el país los alquileres de vivienda permanente se trasladan a alquileres turísticos para flexibilizar las condiciones de alquiler y maximizar rentabilidad, o sea cobrar alquileres mucho más caros en plazos o con contratos cortos en los que el propietario puede disponer no solo de la propiedad sino de la calidad de la familia que alquila como se le antoja”, planteó como problemática. 

Como consecuencia, “los inquilinos e inquilinas se tienen que ir a vivir a las afueras de las ciudades, se ven desplazados y con la necesidad de viajar y a escala general, esto afecta en términos sociales: en el Chaltén, por darte un ejemplo, corren riesgo de empezar las clases porque no hay docentes porque no hay viviendas para alquilar; en San Martín de Los Andes en 2022 corrió riesgo hospital de quedarse sin médicos porque en temporada no tenían dónde vivir; Bariloche no pudo recibir policías para la temporada porque no tenían dónde alojarlos. En Neuquén, en ciudades cercanas a Vaca Muerta un alquiler de un monoambiente está $120 mil y se lo alquilan a trabajadores del petróleo que tienen un nivel de ingreso alto. No solo produce crisis habitacional, sino también un gran daño para la vida en estas ciudades donde cuesta mucho brindar servicios para las personas que viven allí”, expuso Muñoz. 

“La falta de regulación y de la ausencia del Estado son las principales causas. El Estado ha dejado que el mercado inmobiliario decida quién puede acceder a una vivienda y quién no. El rol del Estado es fundamental para limitar por ejemplo las zonas en las que se pueden ofrecer alquileres turísticos y de viviendas particulares, la cantidad de noches por año que las viviendas pueden destinarse al turismo, habilitar un porcentaje del parque de viviendas: tal cantidad se puede destinar al turismo y el resto para viviendas permanentes”, sumó en este sentido. 

Sobre la cuestión puntual de lo que sucede en Tierra del Fuego, Muñoz aseguró que «hemos hablado con el gobernador Gustavo Melella y le hemos planteado lo que a nuestro entender debería implementarse en la provincia como solución. El contacto fue el año pasado, tuvimos un intercambio, le mandamos unas propuestas y una evaluación acerca de lo que sucedía en la provincia. Después de enviadas las propuestas no tuvimos más diálogo». 

Además, el referente de Inquilinos Agrupados sostuvo que “el proyecto que evalúa el Gobierno de Tierra del Fuego bajo esta política de control del alquiler turístico en la provincia, en realidad no es de control, es para habilitar que cualquiera pueda tener un alquiler turístico pero dentro de la norma”. 

“Es una regulación para darle libertad a que cualquiera pueda poner un alquiler temporario y turístico en el marco de algún tipo de legalidad. No habla de zonas, de restricciones por noches, ni por cantidad de viviendas, por lo tanto es lo mismo que sucedió en Buenos Aires en 2019. Es una ficción sobre ‘vamos a legislar sobre esta problemática’ pero no para solucionar el problema de fondo”, insistió Gervasio Muñoz, quien aseguró haber leído varios de los proyectos de ley que circulan en la provincia. 

Por otro lado, remarcó: “Hay una cuestión urgente en Tierra del Fuego, Ushuaia y Río Grande que es armar una oficina que se encargue de exigir el cumplimiento de la Ley de Alquileres”. 

Un proyecto presentado por la legisladora Victoria Vuoto que fue presentado el año pasado contempla esta última cuestión. En tanto, desde Inquilinos Agrupados confirmaron que “hubo un contacto y nos pusimos a disposición del grupo de vecinos y vecinas no solo para el asesoramiento legal sino para ver algunos proyectos de ley que circulan en la provincia y en Ushuaia” pero que “aún no hemos logrado un vínculo con potente”. 

Respecto de los desalojos forzosos que fueron registrados el último trimestre del 2022 en Ushuaia, Muñoz indicó: “Es dramático y ahí es donde se ve el rol -o la ausencia- del Estado. Primero con la Policía que garantiza que no haya violencia pero sí un desalojo ilegal sin orden judicial; después del Municipio y la Gobernación en donde no tienen ningún tipo de protocolo para actuar en esos casos en donde está en juego el techo de las personas”. 

“No es tan difícil garantizar que todos en Ushuaia, sobre todo una ciudad que no es el Conurbano Bonaerense en cuanto a población, tengan su contrato de vivienda de manera legal. El código civil plantea que cuando uno está alquilando y no tiene contrato, el locador, el dueño está obligado a hacer un contrato por escrito. Cualquier podría obligar en un segundo a un propietario a firmar un contrato como manda la ley”, cerró el referente de Inquilinos Agrupados.  

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